cabecera
Banner
InicioPresentación del ConcursoEdición 2014Universidades participantesJueces del concursoConcursos anterioresPreguntas frecuentes
» Corte Interamericana de Derechos Humanos
Faltan -5 días
para el concurso
 
 
Corte Interamericana de Derechos Humanos

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) es un órgano judicial autónomo de la OEA.  Fue creada en 1969, con la adopción de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sin embargo, no pudo establecerse y organizarse hasta que dicho instrumento entró en vigor, esto es, a partir del 18 de julio de 1

978. Entre el 29 y 30 de junio de 1979 se llevó a cabo la primera sesión de la Corte.

La Corte IDH está compuesta por siete jueces nacionales de los Estados miembros de la OEA, elegidos a título personal de entre juristas de la más alta autoridad moral, de reconocida competencia en materia de derechos humanos, que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más elevadas funciones judiciales.

El capítulo VIII de este tratado, referido enteramente a la Corte, dispone que este órgano esté encargado de conocer los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados parte en la Convención. En el Noveno Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA fue adoptado el Estatuto de la Corte.

A través de los años, la Corte ha adoptado distintos Reglamentos relativos a normas de procedimiento. El Reglamento en vigencia actualmente fue aprobado en su LXXXV Período Ordinario de Sesiones celebrado del 16 al 28 de noviembre de 2009, el cual entró en vigor el 1 de enero de 2010.

Esencialmente la Corte tiene dos funciones, una contenciosa y otra consultiva, a las que se une la facultad de adoptar medidas provisionales.

 

a) Competencia consultiva

La competencia consultiva, dispuesta en el artículo 64 de la Convención Americana, abarca tanto la interpretación de la CADH como la de otros tratados interamericanos de derechos humanos. Pueden ser solicitadas por cualquier Estado miembro de la OEA o por los órganos de la OEA en cuestiones relativas a su esfera de competencias.

Cabe resaltar que un Estado miembro puede incluso solicitar una opinión sobre la compatibilidad de sus leyes internas en relación con las disposiciones de la Convención u otros tratados de derechos humanos. La Corte IDH procesa las solicitudes de opinión consultiva buscando un proceso abierto y participativo que incluya a todos los Estados, órganos de la OEA y sociedad civil.

 

b) Competencia contenciosa

La competencia contenciosa se puede aplicar respecto de peticiones individuales o interestatales presentadas por la CIDH o por los Estados parte de la Convención Americana, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 61 de dicho instrumento. Se trata de un mecanismo por el cual la Corte determina si un Estado ha incurrido en responsabilidad internacional por haber violado alguno de los derechos consagrados en la Convención.

De esta forma, si la CIDH concluye que un Estado ha vulnerado los derechos contenidos en la CADH y no ha implementado sus recomendaciones dentro de los tres meses siguientes a la comunicación del informe de fondo, está facultada para someter el caso a conocimiento de la Corte. Ello sólo será posible cuando el Estado haya declarado expresamente la competencia de la Corte IDH. Asimismo, el Estado parte puede someter el caso ante la Corte, lo cual no ha sucedido hasta la fecha.

El actual procedimiento contencioso ante la Corte otorga mayor protagonismo al litigio entre los representantes de las presuntas víctimas y el Estado demandado. Dicho proceso se inicia con el envío del informe de fondo de la CIDH, conforme al artículo 35 del Reglamento de la Corte. A partir de ello, la CIDH debe presentar los fundamentos que la llevaron a someter el caso a la Corte IDH.

Asimismo, los representantes de las presuntas víctimas pueden presentar un escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, según lo dispone el artículo 40 del Reglamento de la Corte. En este escrito es posible alegar la violación de otros derechos, siempre que se enmarquen dentro de los hechos establecidos por la CIDH. En respuesta, el Estado presenta su contestación a los alegatos expuestos por la CIDH y si corresponde, al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas de los representantes de las presuntas víctimas, según establece el artículo 41 del Reglamento.

Luego de esta fase escrita, se inicia una etapa oral, en la que se llevan a cabo audiencias públicas a modo adversarial. En su fase probatoria, la Corte acepta evidencias a través de una amplia variedad de formas que incluyen los testimonios directos, el testimonio de expertos y la prueba documental.

En su estudio del caso, la Corte IDH tiene la facultad de encontrar varias violaciones en un mismo caso, e incluso determinar que un mismo hecho afecta distintos derechos convencionales. También puede encontrar violaciones no alegadas por la CIDH o los representantes de las víctimas en virtud del principio de iura novit curia.

Finalmente, si la Corte IDH considera que el Estado violó determinados derechos de la CADH, ordena reparaciones, las cuales consisten en el restablecimiento de la situación anterior a la violación. De no ser posible la plena restitución, se debe ordenar que se adopten una serie de medidas para que, además de garantizarse el respeto de los derechos conculcados, se reparen las consecuencias que produjeron las infracciones y se efectúe el pago de una indemnización como compensación por los daños ocasionados en el caso correspondiente.

Los fallos del Tribunal son definitivos e inapelables, según lo establecido por el artículo 67 de la Convención Americana. No obstante, es posible que en caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance del mismo, la Corte emita una interpretación de la sentencia a solicitud de cualquiera de las partes, si ésta es presentada dentro de los noventas días siguientes a la notificación del fallo.

 

c) Medidas provisionales

La Corte IDH puede dictar medidas provisionales para prevenir daños irreparables en casos de extrema gravedad y urgencia, conforme al artículo 63.2 de la Convención. Esta facultad no sólo se extiende a los casos bajo conocimiento de ésta. Incluye, además, asuntos que aún no hayan llegado a su conocimiento, cuando la CIDH considere conveniente solicitar dicha medida. No obstante, la CIDH no está obligada a remitir el caso posteriormente ante la Corte IDH.

 

Para descargar el documento haga clic aquí

 
Agregar a favoritos y compartir
 
 
Av. Universitaria Nº 1801, San Miguel, Lima 32 - Perú | Teléfono: (511) 626-2000 ® 2011 Pontificia Universidad Católica del Perú - Todos los derechos reservados